Una empleada y una ONG denuncian condiciones que ponen en riesgo la salud. Pedido a la Justicia provincial.
La ONG Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba, junto con una trabajadora de un call center, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la Justicia provincial se avoque “de manera urgente” a resolver la admisión de un amparo colectivo por “las condiciones laborales” de esas empresas.
En la demanda se exige al Gobierno nacional hacer “cesar las condiciones que ponen en riesgo la salud de los trabajadores de un call center cordobés”.
El amparo presentado ante la Justicia Federal de Córdoba fue rechazado en primera instancia y se denegó la casación ante la Cámara, por lo cual la ONG fue en recurso de queja ante la Corte, según dijo Pablo Cañete, uno de los abogados de la asociación civil.
El recurso de queja apunta a que el expediente regrese a la Justicia provincial para que ésta se avoque a su tratamiento.
La Clínica Jurídica es una asociación con personería jurídica que cobró notoriedad cuando en 2006 defendió la sindicalización del Servicio Penitenciario provincial, en la causa “Duarte y otros contra el Gobierno”. Actualmente ese planteo judicial se encuentra a resolución del Tribunal Superior de Justicia.
La ONG sostiene que la empleada en cuestión ya tuvo una licencia psiquiátrica y remarcó que la demanda se apoya en la investigación realizada por Pablo Cólica, director de la Asociación de Medicina del Estrés de Córdoba.
El especialista identificó entre empleados lo que llamó “el síndrome de los call”, una especie de burn-out que trae como consecuencias alteraciones de tipo cognitiva, emocional, conductual y digestivas.
La demanda ante la Corte denuncia la violación de la Constitución Nacional, leyes y decretos nacionales y, en particular, el Protocolo de San Salvador, en lo referido a las normas de la Declaración Socio laboral del Mercosur.
También Cañete denunció por parte de la Cámara empresaria un “uso ilegítimo” de un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin cuestionar el informe en sí mismo, señaló que sólo aborda aspectos técnicos y no hace foco sobre los efectos de esa labor sobre la salud psico-física y el régimen laboral de los empleados.
En tal sentido, el abogado dijo que le pidieron una audiencia a la rectora de la UNC, Carolina Scotto, para plantearle el tema.
Fernando Argüello Pitt, vocero de la cámara que agrupa a los call center dijo desconocer el caso mencionado por la ONG entre sus asociados.
Afirmó que “es un trabajo normal como cualquier otra industria”, pero reconoció que quienes ingresan “requieren contar con un perfil determinado: de cada 100 postulantes entran dos”, ejemplificó.
Sin embargo, admitió que en la Cámara de Call Center “ha habido una falla de comunicación hacia la sociedad y los medios de lo que es realmente el trabajo en los call”.
En los call center de la provincia hay alrededor de 20 mil empleados que laboralmente tienen un convenio especial dentro del gremio de comercio de Córdoba.
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